Medio viejo el thread pero lo revivo. Vine a parar acá googleando y me registré para contestar. Perdon si hay un thread más reciente sobre lo mismo

Que a estas alturas del siglo XX aún nos hagamos esta pregunta, especialmente en un foro de seguridad, es bastante triste. Vivimos en un estado de derecho, lo que significa que tenemos ciertos derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a la intimidad, que no pueden ser vulnerados más que en circunstancias excepcionales (como la investigación de un delito) y con la supervisión de un juez.

No sé de qué país sea este foro, o el usuario, pero la Argentina de Mauricio Macri TAN de derecho no es... y las escuchas a la oposición están a la orden del día...
y aunque algunos aleguen que son legales avaladas por jueces, salen en los medios oficialistas como si de programa de chimento se tratara

A propósito de mi preocupación agrego esto

https://www.eldestapeweb.com/big-brother-porteno-el-pro-quiere-autorizar-el-espionaje-limites-el-nuevo-codigo-procesal-penal-n50015

"Big Brother" porteño: el PRO quiere autorizar el espionaje sin límites con el nuevo Código Procesal Penal

La Ciudad de Buenos Aires se apresta para tener su propio Big Brother, si --como todo indica-- la Legislatura aprueba este jueves la reforma del Código Procesal Penal que impulsó el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. La ley habilita, entre otras cosas, el acceso remoto a teléfonos celulares y otros dispositivos móviles sin límite en el tiempo y sin el efectivo control por parte de los investigados y de su defensa.

“Hay casi unanimidad entre las organizaciones que nos dedicamos a estos temas en que éste es un código espía”, dijo a El Destape Beatriz Busaniche, referente de la Fundación Vía Libre, una de las once organizaciones de la sociedad civil que días atrás manifestaron su oposición a la reforma. El rechazo fue notificado a la Comisión de Asuntos Penales de la Legislatura a través de una carta enviada por parte de un espectro amplio de instituciones, pasando desde Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y Poder Ciudadano, entre otros.

Lo que más preocupa a las organizaciones son los apartados vinculados a la intervención de comunicaciones, vigilancia y medidas especiales de investigación, mecanismos que pueden ser empleados en cualquier delito, ya que no existe ninguna restricción en el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo porteño: se pueden usar para la investigación de un secuestro hasta para la persecución de una contravención. “No hay ningún tipo de límites”, resaltó Federico Efron, el coordinador del área de Litigio y Defensa Legal del CELS.

Las escuchas telefónicas podrán ser ordenadas por un juez por 30 días, y luego ser renovadas por quince días. Pero el articulado no ofrece ningún límite a la renovación, por lo que una persona podría ser escuchada sin límite en el tiempo. No hay ninguna mención a que se trate de una prórroga única.

Aunque el proyecto de reforma del Código reconoce que pueden ser afectados terceros en el curso de estas investigaciones, no dice qué pasa con la información que se recopila de terceros. Entre otras cosas, no se establece un plazo para destruir estos datos recolectados. “Por un delito menor, te pueden hacer escuchas. Este Código no va a acompañado de garantías ni de exigencias que aminoren el impacto sobre terceros”, se quejó el legislador porteño Mariano Recalde (Unidad Ciudadana).

Como los controles son difusos y el Código sólo establece que quien realice las interceptaciones puede incurrir en una responsabilidad penal si se difunde su contenido, las organizaciones y diputados opositores creen que da pie a la existencia filtraciones– o la tendencia a escuchar a alguien para obtener información de otra persona, como ocurrió con la divulgación de las escuchas entre Oscar Parrilli y la senadora Cristina Kirchner.

Todo indica que las escuchas se realizarán desde las oficinas de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), actualmente en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y con un generoso presupuesto, pero cuyo destino se discute con la llegada a la presidencia del máximo tribunal de Carlos Rosenkrantz.